Hoy, una familia llora, clama justicia y choca contra el muro de la indiferencia. La impunidad no puede seguir siendo la norma. La muerte de Víctor Paulino Mendoza Mallhuay no puede quedar impune.

Mientras tanto, la viuda denuncia indiferencia de las autoridades y el dueño de la minera Mendoza evade toda responsabilidad tras la muerte de un trabajador

Con el corazón destrozado y la voz quebrada por el dolor y la indignación, la viuda de Víctor Paulino Mendoza Mallhuay, trabajador fallecido en condiciones oscuras dentro de la minera Mendoza, ha decidido alzar su voz ante el manto de silencio y complicidad que cubre este caso. La mina, ubicada en Huamancayán, distrito de Pueblo Libre, provincia de Huaylas, Región Áncash, no figura en el sistema REINFO y, según testigos del lugar, opera de manera completamente ilegal.

El sábado 15 de marzo de 2025, Raúl Mendoza Huamán, quien sería dueño de la cuestionada minera, habría llamadoa la viuda con una frialdad escalofriante para comunicarle la supuesta “muerte natural” de su conviviente. Le pidió su DNI y le informó del deceso como si se tratase de un trámite más. Al llegar al hospital de Caraz, el cuerpo de Víctor ya era un cadáver, sin más explicación ni acompañamiento.

Sin embargo, la versión de Raúl Mendoza se desmoronaría rápidamente. Los familiares, tras investigar, descubrieron que Víctor habría muerto en el interior de la mina tras caer a una profundidad de cuatro metros. La versión oficial hablaba de muerte natural, pero la necropsia reveló lo contrario, indicando una muerte violenta. Y, a pesar de esto, la justicia brilla por su ausencia.

La carpeta fiscal 176-2025 avanza a paso de tortuga en el Ministerio Público, mientras la fiscalía de Medio Ambiente ni siquiera ha emitido una respuesta desde la denuncia presentada el 17 de marzo. La DRHEM, por su parte, realizó una constatación recién el 8 de abril, casi un mes después de la denuncia presentada el 27 de marzo, sin permitir la participación activa de los familiares. ¿Dónde está la diligencia? ¿Dónde está el compromiso con la verdad?

Más indignante aún es saber que Raúl Mendoza Huamán estaría negociando un REINFO para “legalizar” su actividad minera, a pesar de operar en la clandestinidad, sin registros, sin seguros, sin respetar la vida ni la ley. Pobladores y familiares de trabajadores del lugar afirman que no es la primera muerte que ocurre en esa mina, pero el dueño “lo arreglaría todo” gracias a sus contactos y favores.

La viuda acudió también a Sunafil, el 9 de abril, en busca de justicia laboral para su conviviente, quien trabajaba sin contrato, sin seguro, sin ninguna garantía. Enterado de ello el quien seria dueño de la empresa le habria indcado “Nos dijo que hagamos lo que queramos, que no se va a hacer cargo de nada”, relata con impotencia la viuda. ¿Hasta cuándo se permitirá que empresarios inescrupulosos jueguen con la vida de los trabajadores? ¿Cuántos muertos más se necesitan para que el Estado actúe?

Es inadmisible que un país que se dice democrático y justo permita que la vida de un trabajador se borre con una llamada telefónica y un acta de defunción manipulada. ¿Dónde están las sanciones? ¿Dó nde está el Estado?

IMPORTANTE: cierre de esta edición búscanos descargo de el empresario, sin éxito.