La Fiscalía de la Nación ha iniciado diligencias preliminares para evaluar la posible ilegalización del partido político Fuerza Popular, luego de recibir una denuncia ciudadana que acusa a dicha organización de conductas antidemocráticas. La denunciante sostiene que el partido ha vulnerado sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo acciones que podrían ser consideradas contrarias a los principios democráticos establecidos en la legislación peruana.
Según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Corte Suprema de Justicia puede declarar la ilegalidad de una organización política a solicitud del Fiscal de la Nación o del Defensor del Pueblo, cuando se determine que sus actividades son contrarias a los principios democráticos. Entre los supuestos considerados se incluyen la promoción de la violencia como método para alcanzar objetivos políticos y el apoyo a organizaciones que practican el terrorismo o el narcotráfico.
Es relevante destacar que, en julio de 2024, el fiscal José Domingo Pérez solicitó la disolución de Fuerza Popular en el marco del juicio del caso Cócteles, argumentando que el partido habría sido instrumentalizado para cometer delitos como organización criminal y lavado de activos.
La Fiscalía de la Nación ha asegurado que las diligencias se llevarán a cabo respetando el debido proceso y garantizando los derechos fundamentales de los involucrados. Se espera que, una vez concluidas las investigaciones preliminares, se determine si existen fundamentos suficientes para proceder con una acción legal que podría llevar a la disolución de Fuerza Popular.
Este proceso refleja el compromiso de las instituciones peruanas con la defensa de los valores democráticos y el respeto a los derechos fundamentales, pilares esenciales para el fortalecimiento del Estado de derecho en el país.
